Italia es el país con más infectados y fallecidos, pero también ha sido el primero en seguir el ejemplo de China y poner en marcha una serie de medidas de contención del virus que incluyen limitar el desplazamiento si no es por motivos justificados o la cuarentena para personas infectadas.
El diario financiero transalpino explica cuáles son las sanciones que estipula el Código Penal italiano para quienes contravengan las órdenes del Gobierno respecto al coronavirus.
Están medidas son:
- Desplazarse por el país sin motivo justificado: se considera una violación del artículo 650 del Código Penal y se castiga con multas de hasta 206 euros o con hasta 3 meses de prisión.
- Mentir alegando motivos justificados para desplazarse: el artículo 361 del Código Penal establece que alegar motivos falsos de salud, trabajo o necesidad en el autocertificado que permite viajar se equipara al delito de presentar un certificado falso a un funcionario y va con penas de 1 a 6 años de cárcel.
- Incumplir o violar la cuarentena si se tienen síntomas de coronavirus: se considera una violación de las medidas de la autoridad y puede derivar en delitos por lesiones. Si se infecta a una persona anciana o que forme parte de los grupos de riesgo, se considera homicidio con el agravante de dolo, la fórmula legal para la mala fé, y comporta una pena de prisión de un mínimo de 21 años de cárcel. En caso de que se provoquen lesiones o convalecencias de más de 40 días a personas fuera de los grupos de riesgo, la pena se reduce a un rango entre 3 y 7 años de cárcel.
- No informar al entorno o las autoridades de que se está infectado o se ha mantenido contacto con personas en riesgo de haber sido infectadas: se considera delito de lesiones con dolo y las penas variarán, como en el punto anterior, de las posibles consecuencias de salud de esa conducta.
- Provocar contagios infectando fuentes de agua, alimentos u otros bienes de consumo: está estipulado como delito contra la salud pública con dolo en el artículo 452 del Código Penal y acarrea penas de prisión de entre 3 años y cadena perpetua, dependiendo de las consecuencias sanitarias de esta conducta.